Proyecto de Ley de Protección al Dominio de las Tierras Rurales

Posición de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). A continuación, los detalles del Proyecto de Ley.

La Ley es aplicable en todo el territorio de la Argentina, para todas las personas físicas o jurídicas que posean tierra con destino rural, sea para producción agropecuaria, forestal, turística u otros usos.

El objeto del proyecto de ley es determinar la titularidad, catastral y dominial, y la situación de posesión o tenencia de tierras rurales. Además, establece las obligaciones de los propietarios conforme a las previsiones de esta ley, regulando los límites a la titularidad.

Al considerar la titularidad extranjera sobre la propiedad de la tierra, incluye a las personas físicas de nacionalidad foránea, a las personas jurídicas con un 51% o más de titularidad extranjera y a fideicomisos, sociedades con obligaciones negociables y uniones transitorias de empresas, entre otros casos.

El proyecto prohíbe la figuración aparente de personas de nacionalidad argentina.

Restricciones a la propiedad

El proyecto de ley establece en 20% el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional por parte de extranjeros. Por otro lado, las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación. Asimismo, para la adquisición de un inmueble rural ubicado en Zona de Seguridad, se requiere el consentimiento previo del Ministerio del Interior.

Organismos de control

El proyecto de ley propone la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con facultad para requerir a las dependencias provinciales competentes la información necesaria para el cumplimiento de función.

Se dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial para determinar la propiedad de las tierras rurales existentes al 1º de enero de 2010. Dicho relevamiento deberá realizarse dentro de los 180 días de entrada en vigencia de la ley.

Análisis preliminar

El proyecto de ley no afecta derechos previamente adquiridos. La Autoridad de Aplicación de la ley es el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resulta desconocido el rol de las provincias, a pesar de que la Constitución Nacional establece que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".

El límite de 1000 hectáreas establecido no contempla las diversidades geográficas del territorio nacional, a lo largo del cual la productividad por hectárea varía de acuerdo a la región. Dicho cómputo lo determinará la Autoridad de Aplicación atendiendo a parámetros complementarios (localización, capacidad y calidad de las tierras, y situación de titularidad de dominio). Se debe tener en cuenta que existe legislación provincial que establece el concepto de Unidades Económicas Agrarias en función a parámetros productivos, estableciendo su extensión para permitir una explotación rentable.

El proyecto de ley establece que el 20% de las tierras rurales totales será la máxima extensión que podrá estar en manos de personas extranjeras. Es desconocido el porcentaje de tierras que actualmente pertenecen a extranjeros y su ubicación.

La ley no contempla un Régimen Especial para inversiones extranjeras que permita, de acuerdo a parámetros definidos, realizar inversiones que no sean desarrolladas por capitales nacionales y que sean, consideradas estratégicas para impulsar una determinada región o actividad productiva.

Consideraciones finales

Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) entienden que temas tan importantes como el Dominio sobre la Propiedad de las Tierras Rurales se debe analizar en detenimiento y en profundidad, buscando el consenso entre todos los actores involucrados, con una mirada de largo plazo.

En el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo hay puntos que deberían debatirse más intensamente antes de convertirse en ley, más allá de la agenda política.

Hay que convocar a distintos especialistas -INTA, universidades, institutos de investigación, asociaciones de productores, técnicos de varias disciplinas- para que, interactuando, desarrollen el mejor contenido con miras a su aplicación futura, dentro de la visión estratégica del país que se procura impulsar.

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